Las infraestructuras son un legado, desde las carreteras por las que circulamos hasta las redes energéticas de las que dependemos y los sistemas de agua que sustentan nuestras ciudades. No se trata de inversiones a corto plazo, sino de cimientos duraderos que dan forma al futuro. Las decisiones que tomemos hoy sobre cómo construimos y dónde construimos determinarán la seguridad, la sostenibilidad y la prosperidad de las futuras generaciones.
La rápida evolución del cambio climático socavará los beneficios intergeneracionales de las infraestructuras. Estudios recientes muestran que la tasa de calentamiento global ha aumentado hasta alcanzar un récord de 0,26 °C por década, mientras que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) prevé que la tasa de calentamiento desde ahora hasta 2050 será aproximadamente un 26% más rápida que la tasa registrada desde 1970 hasta hoy.
Esto hace que la protección de las infraestructuras frente al clima no sea solo un imperativo técnico o económico, sino también moral. A medida que el cambio climático se acelera y se agrava más que en toda la historia de la humanidad, ya no podemos permitirnos diseñar infraestructuras basadas en el pasado. Sin embargo, eso es precisamente lo que sigue ocurriendo: hoy en día se construyen carreteras, ferrocarriles, edificios y sistemas de drenaje según parámetros climáticos que ya no serán válidos en el futuro. No se trata solo de mala planificación, sino de una injusticia para las generaciones que heredarán las consecuencias.
A pesar de este imperativo moral, muchas de las herramientas políticas que utilizamos para evaluar las amenazas físicas a la infraestructura y el mantenimiento de su integridad se basan en premisas que están quedando rápidamente obsoletas. Por ejemplo, el análisis de costo-beneficio (ACB) de la infraestructura a menudo se basa en estimaciones de valor a partir de datos históricos, asumiendo que la variabilidad climática y meteorológica se mantendrá dentro de las normas del pasado. Sin embargo, el cambio climático introduce no linealidades, puntos de inflexión y una profunda incertidumbre, como la tasa de calentamiento global, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos.
A la luz de esto, algunos observadores argumentan que el análisis debe ser más holístico y tener en cuenta aspectos no relacionados con el mercado y los “ejes de vulnerabilidad” al cambio climático, como la salud humana y los determinantes socioeconómicos de la resiliencia. Solo así será posible una evaluación profunda a largo plazo y a nivel de sistemas de la integridad y la eficacia de las infraestructuras.
Además, las tasas de descuento, un elemento fundamental para evaluar la viabilidad a largo plazo de las infraestructuras, también se están convirtiendo en un mecanismo obsoleto en la era del cambio climático. La tasa de descuento es la tasa a la que se estima que una infraestructura pierde su valor público funcional con el paso del tiempo. En su lugar, los economistas sostienen que las tasas de descuento deben disminuir con el tiempo para tener en cuenta la necesidad global de resiliencia intergeneracional frente a las incertidumbres y los puntos de inflexión. Del mismo modo, los expertos sostienen que existe un imperativo ético de reconsiderar las tasas de descuento para garantizar el bienestar, la prosperidad y la resiliencia de las generaciones futuras.
Planificar con base en la evidencia
Mientras muchos países tardan en actualizar su base empírica para proteger a las generaciones futuras, algunos gobiernos están incorporando una visión a largo plazo en la evaluación de las infraestructuras.
Por ejemplo, proyectos como el Metro de Sídney incorporan la resiliencia climática en todas las etapas de su diseño. Sus sistemas están construidos para funcionar con las proyecciones de calor y precipitaciones para el año 2070. Este diseño proactivo garantiza que la infraestructura seguirá siendo funcional durante décadas, lo que reduce la probabilidad de que los futuros usuarios tengan que cargar con el costo de renovaciones de emergencia, disrupciones o averías.
Otro ejemplo es Worcester, Massachusetts, donde las inversiones a corto y largo plazo en infraestructura verde a través del Plan Green Worcester están desarrollando infraestructuras, especialmente para la escorrentía de aguas pluviales, no para hoy, sino para el futuro.
En ciudades como Gotemburgo, Suecia, la aplicación de la herramienta InVEST ha permitido analizar el uso integrado del agua a largo plazo en cuatro escenarios diferentes de cambio climático en tres niveles naturales y físicos (a nivel de edificio, barrio y ciudad). Esto ha permitido a los planificadores tomar decisiones informadas a largo plazo en función de una variedad de futuros climáticos, y no solo de una única posibilidad. El resultado son soluciones basadas en la naturaleza con una perspectiva socioecológica a largo plazo frente a futuras inundaciones.
Otro ejemplo es Mozambique, donde la adaptación climática en la ciudad costera de Beira ha contribuido a reducir el riesgo de inundaciones para el 40% de su población. Las intervenciones incluyen la restauración de manglares, la rehabilitación del sistema de drenaje, estaciones de control de inundaciones y cuencas de retención de agua, junto con un parque urbano verde.
Gobiernos de todo el mundo están modificando el cálculo de las tasas de descuento para poder tener una perspectiva a largo plazo de los proyectos de infraestructura. En concreto, esto implica reducir la tasa de descuento a lo largo del tiempo para enfatizar el valor a largo plazo de la infraestructura.
Por ejemplo, la tasa de descuento recomendada en Nueva Zelanda es del 2% para los años 1 a 30, del 1,5% para los años 31 a 100 y del 1% para los años 101 y posteriores. Esto se aplica especialmente a proyectos con impactos ambientales e intergeneracionales a largo plazo, como los que son susceptibles al cambio climático, o aquellos destinados a fomentar la resiliencia climática.
Del mismo modo, la guía adicional sobre el descuento del Libro Verde del Tesoro del Reino Unido parte de una tasa de descuento base del 3,5%, que se reduce al 1% después de 300 años, lo que demuestra aún más su alineación con el bienestar intergeneracional y el largo plazo, valorando a las generaciones futuras en sus prácticas de evaluación de infraestructuras.
Una nueva ética para las infraestructuras
La protección de las infraestructuras frente al clima ya no es opcional, sino fundamental para la sostenibilidad económica, la seguridad pública y la preparación ante catástrofes. Pero también representa algo más profundo: una nueva ética de planificación centrada en la equidad a lo largo del tiempo. Esto es especialmente cierto en las economías emergentes, donde el riesgo es mayor y la preparación es relativamente baja.
Cuando contamos con infraestructuras preparadas para el clima, no solo nos adaptamos a los riesgos físicos, sino que reconocemos nuestro deber para con las generaciones futuras. Optamos por legar sistemas funcionales, asequibles y resilientes, en lugar de frágiles y defectuosos. Esa es la expresión más clara de la equidad intergeneracional en el entorno construido.
Este cambio en las prácticas basadas en la evidencia ya está en marcha, aunque de forma desigual. Para que la protección contra el clima se convierta en algo habitual y no en una novedad, debemos incorporar el principio de equidad intergeneracional en los estándares de infraestructura, los reglamentos de planificación y los marcos de inversión pública. Porque la infraestructura nunca es solo una cuestión del presente, sino también del futuro.